Es nuestra responsabilidad exigir respeto a nuestro estatus Foral, desobedeciendo recortes e imposiciones unilaterales y prepotentes del Gobierno, para salud y bienestar de nuestras relaciones en la Unión con el Estado.
Relaciones que, por lealtad a todas las partes implicadas, Instituciones, ciudadanía y Estado, hemos de hacer sean acordes a la realidad y necesidades de cada momento, mediante la Denuncia y Actualización del Pacto.
Ante una denuncia de las partes del Pacto Vigente, la otra ha de aceptar.
Si el Estado rechaza el proceso nos está rechazando quedando Euskadi libre de compromiso.
En el Parlamento Vasco.
Estúdiese, trabájese, replantéese el Proyecto de Nuevo Estatus (a falta de otras propuestas), por todos los Partidos del espectro parlamentario hasta alcanzar un consenso mayoritario digno de ser presentado al Pacto con el Estado.
Es preciso y exigimos que los partidos nacionalistas no se pierdan en quisicosas de partidicos que arruinen el proyecto.
Exigimos igualmente que los partidos del espectro constitucionalista hagan sus aportaciones al proyecto con lealtad a Euskadi y mejora de la relación Foral con el Estado.
En las Cortes del Estado.
La presentación del Texto objeto del Pacto con el Estado tiene sus consecuencias.
Debemos conocerlas y estar dispuestos, con madurez política, a actuar con dignidad, resolución y firmeza.
Es inadmisible lo ocurrido con la propuesta Ibarretxe.
No podemos admitir la prepotencia del portazo y volvernos como niños humillados a refugiarnos en casa.
Si el Estado no admite la Denuncia del Pacto vigente; si no admite a trámite el nuevo Proyecto, niega el trato con el País Vasco.
Así, roto el Pacto, el País queda libre de todo compromiso y ligazón con el Estado.
No olvidemos que, ateniéndonos a Fuero, aun habiéndose establecido éste en momentos de fuerza por las Cortes españolas en 1812, es el País Vasco quien debe delegar competencias al Estado en su Pacto de Unión; no el Gobierno del Estado al País Vasco, como ocurre en las Autonomías del Estado.
Derecho a decidir.
Este es nuestro auténtico "Derecho a decidir" en ejercicio y en acto.
No es una facultad que debamos solicitar -como las Autonomías- del Estado.
Es puro FUERO: Derecho Histórico en plena vigencia legal amparado por la Constitución de 1978.
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